Viceministra Rosero propone la “alerta temprana” para prevención de violencia en la niñez y adolescencia

Viceministra Rosero mantuvo reuniones con autoridades de Loja para abordar temas sobre violencia de género.

Con la finalidad de mantener un diálogo con actores sociales y políticos, alianzas estratégicas en la labor de erradicar la violencia hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes, la viceministra de Inclusión Social, Rocío Rosero, mantuvo reuniones de trabajo con autoridades de Loja y representantes de instituciones que trabajan en la defensa de derechos.

Durante este martes, se reunió con el gobernador de Loja, Eduardo Jaramillo, y representantes del Ministerio del Interior para tratar los casos de violencia relacionados con delitos de “femicidio e infanticidio” que se han suscitado en esta provincia este año.

En su intervención, la Viceministra habló sobre la necesidad urgente de establecer una “alerta temprana” a nivel del país como medida de protección para identificar factores de riesgo en posibles víctimas. “Este es el camino para cuidar la garantía de derechos de las niñas, niños y adolescentes”, agregó.

En la tarde, la viceministra Rosero socializó con integrantes de la “Red Provincial Contra la Violencia” las acciones que esta carteta de Estado ejecuta, aquí se refirió al Acuerdo 006 que establece protocolos de actuación para la prevención y atención casos de violencia con las personas usuarias de los servicios del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Hoy, mantuvo un diálogo con los integrantes de la Mesa de Género de Loja, en la misma que participaron representantes de los ministerios de Justicia, Salud y Educación, así como la Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, Gobernación de Loja y DINAPEN. En esta reunión se hizo hincapié en que el tema de violencia se debe abordar de forma articulada entre todas las instituciones.

Cabe señalar que el pasado 13 de abril se conformó la Red Contra la Violencia en Loja, con el objetivo de prevenir, atender y crear una ruta de atención a los casos de violencia física, psicológica y sexual que se cometa en contra sujetos de derechos de los grupos de atención prioritaria.