Operadoras y Operadores de los Sistemas Especializados de Protección Integral de Derechos son capacitados para una actuación oportuna en garantía de derechos.
El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) en coordinación con el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional (CNII) y la Secretaría de Derechos Humanos, en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo desarrollan una estrategia interinstitucional de fortalecimiento de capacidades de operadoras y operadores de los Sistemas Especializados de Protección Integral de Derechos en los todos los cantones del país.
Esta actividad se realizará en los 221 cantones a nivel nacional y se pretende una participación de al menos 5.000 personas, quienes son representantes del CNII como Consejos Cantonales de Derechos, Juntas Cantonales de Protección de Derechos, Gobiernos Autónomos Descentralizados cantonales y Consejos consultivos de niñez y adolescencia.
En la Zona 6, que comprende las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago, desde el pasado 5 de agosto, el MIES Distrito Gualaceo-Chordeleg inició la jornada de fortalecimiento de capacidades de operadoras y operadores. Hasta el momento ya se tiene una cobertura de más del 50% en la Zona 6, habiéndose capacitado los cantones: Morona, Huamboya, Sucúa, Taisha, Paute, Sígsig, Gualaceo, Chordeleg, Guachapala, Cuenca, Nabón, Azogues, El Tambo y Biblián.
En los talleres se tratan temas claves en materia de principios, garantías y derechos constitucionales, normativas vigentes de protección integral de derechos de poblaciones de grupos de atención prioritaria y de acceso a justicia. Vale mencionar que se pone mayor énfasis en definir las mejores prácticas en atención, protección, denuncia, derivación y acompañamiento a las víctimas y a las personas en situación de vulnerabilidad desde la centralidad de sus derechos y el fortalecimiento de sus capacidades de resiliencia.
Toda la esta labor apunta a que la atención de las operadoras y operadores sea especializada y garante del cumplimiento de los principios de interés superior y prioridad absoluta de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes sin que esto implique menoscabo, dilación o falta de eficacia en la protección y acceso a justicia de las mujeres, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores y en situación de movilidad humana.