La Coordinación Zonal 3 (Pastaza, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo) del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), al conmemorarse el día internacional de las personas con discapacidad el pasado 3 de diciembre, realizó un encuentro con las organizaciones y fundaciones con las cuales el MIES financia parte de la atención que prestan a este sector de la población en la provincia de Tungurahua.

La Constitución de la República garantiza los derechos de las personas con discapacidad, fundamentalmente en los artículos: 47, 48, 49 y 50; así como también los instrumentos internacionales de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.

Fue una mañana y tarde especial, más de 200 niños, niñas y adolescentes disfrutaron de momentos de alegría. Fundaciones  como Manos Unida de Tisaleo, Esperanza para todos de Baños, Corazón de María de Pelileo, San Juan Bautista de Mocha, San José de Huambaló  de Pelileo y la escuela de No videntes Julius Doefner de Ambato fueron quienes participaron de este evento. El MIES apoyó con más de 100 mil dólares durante el 2012, financiando un equipo multidisciplinario de profesionales para la atención especializada en estos centros.

Durante el evento, se dieron diferentes manifestaciones artísticas, entre ellas la de Fanny Altamirano, una mujer no vidente,  que con su melodiosa voz puso a bailar a todos los presentes. O como Kerly Reyes,  una niña de 8 años de edad también  no vidente,  y que acude a la escuelita Las Américas de la ciudad de Ambato. Ella  declamó la poesía “Acéptame” que  imprimió el mensaje de inclusión e igualdad de oportunidad para todos y todas.

Carlos Castro Vaca, coordinador zonal 3 del MIES, expresó que este tipo de actividades forman parte del proceso de inclusión y generación de espacios alternativos para las personas con capacidades especiales y a las cuales el ministerio ha puesto énfasis en su trabajo diario,  con el afán de que sus derechos sean garantizados y sean incluidos en la sociedad como parte de la exigibilidad que consagra la Constitución.