La ministra de Inclusión Económica y Social, Doris Soliz  Carrión, anunció el traspaso del sistema cooperativo del país a la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria a partir del 1° de octubre, hecho que evidencia la institucionalidad que el actual Gobierno ha creado para el sector cooperativo financiero y no financiero  del país.

La Dirección Nacional de Cooperativas del Ministerio de Inclusión Económica y Social recibió hasta el 28 de septiembre los trámites de estas entidades financieras y los despachará hasta el próximo 15 de octubre.

 El traspaso de  las funciones y los procesos  se realizó de una forma ordenada y transparente, explicó la  ministra Soliz Carrión, atendiendo así las disposiciones de la ley de Economía Popular y Solidaria, que también estableció la creación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para que controle y fortalezca  el sistema cooperativo del Ecuador

Según la funcionaria,  existen 3 800 cooperativas a escala nacional y durante el proceso de transición  se depuraron otras 2 700, que no registraban ninguna actividad económica por 10 años. El sector cooperativo del país mueve alrededor de 10 mil millones de dólares  y cuenta con unos cinco millones de socios.

La ley de la Economía Popular y Solidaria establece además  la creación de un fondo de liquidez  y un seguro de depósitos  para proteger a los socios,  los cuales serán llevados a cabo por  la Superintendencia, encabezada por Hugo Jácome.

Jacóme explicó que en los últimos tres meses, tiempo en el que se ha llevado a cabo la transición,  se han fortalecido los procesos institucionales internos para que el control sea adaptado hacia la lógica de la Economía Popular y Solidaria, pues la supervisión de parte de las cooperativas  la realiza  la Superintendencia de Bancos, que tiene otra estructura.

Otro de los avances  registrados, según Jácome, es en la planificación de  intendencias zonales, considerando que el sector tiene una amplia densidad de cooperativas de ahorro  y crédito, vivienda, trasporte, turismo, servicios, asociaciones y organizaciones comunales hacia las cuales también se extiende el control de la Superintendencia.

Así, en el país existen unas  2 800 cooperativas en el sector no financiero, 980 cooperativas en el sector de ahorro y crédito y 1 600 asociaciones.

Respecto a la transición, el funcionario mencionó que con la Superintendencia de Banco y Seguros se firmó un convenio de cooperación interinstitucional por un año  para que el proceso se ejecute de una forma adecuada. Desde el 1° de enero del próximo año  la Superintendencia  de Economía Popular y Solidaria asumirá el pleno control  y supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito.

El traspaso de la información, activos y  pasivos  de las cooperativas  registradas en la Dirección Nacional de Cooperativas del MIES duraría alrededor de un mes, incluida la liquidación de las cooperativas inactivas. Es decir que desde el próximo 1°  de noviembre la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria iniciará sus acciones inmediatas: adecuación de estatutos del sector para que las organizaciones puedan adecuarlos de una forma ágil y sin complicaciones, a través de una plataforma web, registro de las organizaciones de todo el país, programa de supervisión e inspecciones de las cooperativas a fin de tener un panorama claro de cómo está funcionando el sector.

Por mandato constitucional, el Gobierno de la Revolución Ciudadana reconoce y visibiliza al sector de la economía popular y solidaria, del que son parte las cooperativas. Por primera vez en la historia del cooperativismo ecuatoriano (luego de 46 años de vigencia de la Ley de Cooperativas), el Gobierno ha impulsado una reforma estructural de este sistema como no lo ha hecho ningún otro Régimen.

Existe una Ley Orgánica y Reglamento General de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario (LOEPS), aprobada en mayo de 2011, que incluye a todas las cooperativas.