El compromisos de todos promueve la articulación efectiva en garantizar un sistema especializado de protección integral de derechos en Santa Elena.

En Santa Elena, más de 80 participantes de los sectores estratégicos e interinstitucionales, se convocaron al taller “Fortalecimiento de Capacidades de operadoras/es de los Sistemas Especializados de Protección Integral de Derechos” con el objetivo de lograr criterios homologados desde una actuación técnica, comprometida y conocedora en construir rutas de atenciones emergentes y oportunas para la protección integral de los derechos de la población en situación y condición de vulnerabilidad.

La implementación de los sistemas de protección de derechos se articula con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) a través de la Subsecretaria de Protección Especial en coordinación con el Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional (CNII), la Secretaría de Derechos Humanos y en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que tiene como reto fundamental la prevención y erradicación de las violencias contra niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, y en especial las afectaciones diferenciales hacia las mujeres en su ciclo de vida.

Karina Vera, directora distrital Salinas indicó “Estos espacios de intercambio y análisis de experiencias permiten promover un conocimiento más amplio e interpretativo que incide en la detección oportuna e inmediata de la adaptabilidad de la violencia por parte de la víctima, la revictimización y agilitar las medidas cautelares de atención integral e empoderar la ruta de acción ante la vulneración de derechos de los sectores más prioritarios que requieren urgente la restitución de sus garantías y derechos humanos”.

Esta estrategia de capacitación a las operadoras y operadores de los Sistemas Especializados de Protección Integral de Derechos, construirán una visión común de país, ante los retos de prevención y la erradicación de la violencia contra niñas, niños adolescentes y personas adultas mayores.

Yina Quintana, coordinadora del MIES zona 5 mencionó la relevancia de la intervención de las juntas y consejos cantonales de protección de derechos para la ejecución de las rutas de protección integral de derechos, cuya instancia sigue un protocolo de atención, protección, acompañamiento, establecimiento de la flagrancia, denuncia ante las instancias competentes y el seguimiento del caso para encaminar el proyecto de vida de las víctimas con atenciones psicológicas, legales y sociales.

Esta actividad garantizará una adecuada implementación de las normas en vigencia, especialmente el código de la niñez y la adolescencia, la Ley orgánica integral para la prevención y erradicación de la violencia a las mujeres, y la Ley orgánica de las personas adultas mayores.