El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) participó hoy del primer foro virtual coordinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde se presentaron los diagnósticos, acciones y previsiones del impacto social para Ecuador durante la crisis por el COVID 19. El objetivo es apoyar, sobre esta base, las respuestas y diseño de políticas de corto, mediano y largo plazo que mitiguen los efectos a nivel social y económico para la población. También formaron parte, el Ministerio de Finanzas, la Embajada de la Unión Europea en Ecuador, Grupo Faro y la Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL). Las representantes el MIES en el evento fueron: Daniela Oleas, viceministra de Inclusión Económica, y Alba Jalón, viceministra de Inclusión Social.

Este primer análisis presentó las respuestas de impacto social por parte del Gobierno Nacional ante 5 brechas sociales del país que se han visto agravadas por la crisis del COVID -19: pobreza, condiciones laborales, protección social, brecha digital y de género. En la primera, para mitigar el impacto sobre la pobreza, destacan los préstamos quirografarios, “Canasta Solidaria de Alimentos” y la entrega del Bono de Protección Familiar Emergente por parte del MIES, que logró ampliar la protección a trabajadores independientes, vulnerables y personas en condiciones informales, llegando a 950 mil beneficiarios, quienes no estaban cubiertos con la protección social.

Al respecto, la viceministra del MIES de Inclusión Económica, Daniela Oleas, destacó la necesidad de apuntalar la política social con la tecnología para tener mayor cobertura de los servicios, pues fue clave la conexión lograda con el apoyo de las telecomunicaciones para contactar a los nuevos beneficiarios en un esfuerzo conjunto de alianzas con el sector privado financiero, el sistema cooperativo, banca pública y Ministerio de Telecomunicaciones. Además, enfatizó en la necesidad de activar más puntos de pago; así como contar con información georreferenciada y por grupos para su atención.

En el mismo eje de la protección social, la viceministra del MIES de Inclusión Social, Alba Jalón, informó sobre la importancia de sostener los servicios de protección social pues se evidenciaron que son de primera línea para atender a los más vulnerables. “Este es un desafío porque no dejamos de atender a medio millón de usuarios, no hemos disminuido el presupuesto, y no siempre se comprende la necesidad de modificar las políticas sociales post pandemia”. Además, indicó el reto de incrementar la cobertura de servicios en protección especial por mendicidad y trabajo infantil que se derivan de la crisis vivida, con ello se replanteará las modalidades de atención de servicios. Finalizó agradeciendo el espacio de OCDE para continuar en coordinación y activar acciones con otros actores.

Los participantes del foro continuaron presentando los análisis sobre las respuestas del Gobierno ante las afectaciones de las condiciones laborales por la pandemia donde se apuntan como acciones principales la denominada “Ley Orgánica de Apoyo Humanitario” que establece el apoyo de acuerdos entre las partes y la flexibilización de las condiciones laborales. Asimismo, para extender la protección social a informales destacan: la ampliación de cobertura del IESS y el aplazamiento de contribuciones al IESS para afiliados voluntarios y sin relación de dependencia; para atender el sistema educativo se activó el Plan “Aprendemos Juntos en Casa” y atención por medios radio y TV; sobre la brecha digital los acuerdos para mejora de acceso y cobertura de Internet en zonas de escasa conectividad; y, sobre la brecha de género se señalaron los esfuerzos de difusión de la línea de emergencia por violencia intrafamiliar 911, 1800delito, el programa de denuncia en línea de violencia contra la mujer por parte de la Fiscalía, principalmente.

Al cierre de este primer encuentro los participantes dejaron en claro que luego de esta primera fase del estudio, quedan  dos pendientes: la valoración estructura macroeconómica y valoración de la estructura de gobierno para delinear la hoja de ruta de impacto en el bienestar de los ecuatorianos.  Asimismo, destacaron que Ecuador tiene aliados internacionales que  trabajan junto al sector privado, sociedad civil, academia y Estado en su compromiso para soluciones progresivas que el Gobierno ponga en marcha para continuar afrontando la crisis y realizar reformas estructurales.