El viceministro Cazco durante su exposición indicó que desde junio del 2018 más de 40 mil personas fueron incluidas como nuevos beneficiarios de bonos y pensiones a nivel nacional como parte de actualización del Registro Social.

Quito, 01 de febrero de 2019.

El viceministro de Inclusión Económica, Marco Cazco, realizó este viernes 01 de febrero, un taller con los medios de comunicación, en Quito, en donde dio a conocer sobre la entrega de bonos y pensiones que realiza esta cartera de Estado a las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, de acuerdo al Registro Social que se realiza periódicamente como parte de la política de justicia social para llegar con los servicios y bonos, como medidas de protección social mínima, a quienes realmente lo necesitan.

El Registro Social es un catastro que tiene un conjunto de indicadores que permite determinar las principales privaciones de derechos en todos los hogares, como: educación; trabajo y seguridad social; salud, agua y alimentación; hábitat y vivienda; ambiente sano de los hogares.

Desde junio de 2018, en el proceso de actualización del Registro Social administrado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), el MIES incluyó como nuevos beneficiarios de sus bonos y pensiones a nivel nacional a un total de 40.614 personas en situación de extrema pobreza; mientras que 48.697, quienes ya no están bajo la línea de pobreza, según la métrica del Registro Social, fueron excluidas.

“El Gobierno Nacional prioriza y garantiza la sostenibilidad de los servicios sociales, en concordancia con ello, el MIES mantiene el mismo presupuesto para los bonos y pensiones dirigidos a la población en extrema pobreza, pobreza y vulnerabilidad, así como también, continua con la actualización del Registro Social liderado por SENPLADES, a fin de priorizar el derecho de los más pobres”, aseguró el viceministro Cazco.

A nivel nacional esta cartera de Estado brinda atención y cuidados a más de 400 mil personas a través de sus servicios de inclusión social. De igual forma, para asegurar pisos mínimos de protección social, a través de sus servicios de inclusión económica entrega bonos y pensiones a más de 900 mil personas, lo que representa una inversión total superior a los 900 millones de dólares.