Durante taller de fortalecimiento de capacidades de los operadores del Sistema de Protección de Derechos se analizaron criterios de eficiencia, transparencia y acción oportuna en casos de violencia.

Con el objetivo de analizar los instrumentos legales y los deberes de los órganos de los sistemas especializados de protección de derechos, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional (CNII), al Secretaría de Derechos Humanos y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), desarrollaron jornadas de capacitaciones durante la presente semana en los cantones Samborondón y Durán.

Los cuatro días de talleres fueron dirigidos a los miembros del Consejo Cantonal de la Niñez, Gobierno Autónomo Descentralizado, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Policía Nacional, Operadores de Justicia y Consejos Consultivos, durante los cuales se analizó la capacidad de identificación de los organismos responsables de cumplir con las obligaciones de prevención, protección, atención y reparación en casos de vulneración de derechos y sobre todo las obligaciones del sistema de justicia con sus operadores.

Entre los temas relevantes abordados estuvo conocer las herramientas de atención integral a las víctimas de violencia, así lo señaló, Daniel Vásconez, director distrital del MIES para los cantones Samborondón y Durán. “Es importante conocer el accionar entre los sistemas de protección de derechos y el sistema de justicia, cuando los derechos de las personas han sido conculcados, amenazados o vulnerados”, refirió la autoridad del MIES.

Dentro del análisis de la jornada estuvo además el conocimiento de nuevas normativas vigentes. Durante los años 2003 y 2019 se han dado importantes avances en temas de derechos para tres grupos prioritarios, destacó Vásconez; el Código de la Niñez y Adolescencia (CONA), la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujeres y la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores.

Según Linda Briones, representante del CNII los operadores del Sistema de Protección de Derechos son los llamados a conocer las leyes que amparan sobre todo los grupos de atención prioritarios y son los responsables de proteger los derechos de las víctimas. “Buscamos inculcar una actuación oportuna en la garantía de derechos y una efectiva articulación con el sistema de justicia”, agregó.

Estas jornadas de socialización se desarrollan a nivel nacional en 221 cantones, en 24 provincias, durante el mes de agosto, con una participación de al menos 6.000 personas, conforme indicó Carlos Torres, coordinador Zonal 8 de la Secretaría de Derechos Humanos. “Planteamos la necesidad de brindar un servicio de calidad”, precisó.