Procesos de sensibilización forman parte de las acciones que ejecuta el MIES para erradicar la mendicidad y el trabajo infantil en Loja.

 Loja, 24 de junio de 2021.

Con el objetivo de contribuir a proteger y garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes y grupos prioritarios de la provincia de Loja, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) atiende actualmente a  720 personas a través de los proyectos de Erradicación del Trabajo Infantil (ETI) y Erradicación Progresiva de la Mendicidad, con una inversión de más de USD. 5 millones.

Mónica Sinchire, coordinadora del MIES en la Zona 7 (Loja, El Oro y Zamora Chinchipe), explicó que, con el apoyo de la Prefectura de Loja; así como de gobiernos municipales y organizaciones de la sociedad civil, con las que esta cartera de Estado mantiene nueve convenios, los equipos técnicos ejecutan acciones de prevención, contención, difusión, socialización y articulación intersectorial para atender a quienes están en situación de mendicidad y trabajo infantil.

En el caso de ETI, explicó que se trabaja en la restitución de los derechos vulnerados; además, se articulan acciones con el Registro Civil para la cedulación; con el Ministerio de Salud Pública, en la obtención de la historia clínica, controles periódicos y alimentación saludable; con Educación en la reinserción educativa y apoyo escolar. Los tiempos libres de niñas, niños y adolescentes también son orientados a actividades extracurriculares como prácticas deportivas, arte y recreación, que se efectúan en feriados y vacaciones.

La articulación con las familias es también fundamental, indicó Sinchire y dijo que en este ámbito se realiza el acompañamiento para fortalecer las capacidades de protección, cuidado y sensibilización relacionados a los riesgos del trabajo infantil; así como vinculación para acceso a servicios públicos.

Mientras que, a través del proyecto de Erradicación Progresiva de la Mendicidad, se efectúan mapeos de los sectores o zonas expulsoras de mendicidad, en donde se realizan abordajes y acciones de prevención y sensibilización, en coordinación con otras instituciones de Estado. “En ambos casos, es esencial el rol que cumple la comunidad, garante también de los derechos de estos grupos prioritarios.”, señaló la Coordinadora.