En Guayaquil, Vicepresidencia y MIES convocaron al Pacto Nacional para garantizar derechos de niñas, niños y adolescentes
El Centro Cívico de Guayaquil fue testigo de la expresión de compromiso del Gobierno Nacional y la sociedad civil con 6 millones de niñas, niños y adolescentes, menores de 18 años para erradicar la violencia y defender sus derechos. En este encuentro varios ministros de Estado firmaron pactos que permitirán resignificar el paradigma de la niñez y adolescencia, promoviendo espacios de participación e implementando políticas públicas que transformen positivamente sus vidas.
Precisamente, con estos pactos se ejecutarán acciones para intervenir en áreas como
el turismo sexual, el racismo, las violencias a niñas, niños y adolescentes, la no violencia en las prácticas deportivas o un código de ética para entrenadores.Asimismo, acciones puntuales, contra la explotación sexual, el tráfico y trata, el embarazo adolescente, de igual forma, por Internet seguro y por el sello de productos ecuatorianos libres de violencia y trabajo infantil.
Durante su intervención, la ministra Cordero, manifestó que en el país aún existen prácticas que vulneran los derechos de las niñas y niños. “Por ejemplo el 47% de niños y adolescentes afro descendientes es golpeado por sus progenitores cuando cometen una falta o 6 de cada 10 estudiantes han sido víctimas de violencia escolar”, afirmó.
“El Pacto con las Niñas, Niños y Adolescentes” es un acuerdo general que tiene como finalidad operativizar recomendaciones y observaciones realizadas en diciembre de 2017 por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en 21 puntos de política pública y reformas legales e institucionales de inmediata ejecución”, aseguró la ministra Cordero.
“Esta jornada nos compromete como autoridades a velar por los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes. El Gobierno Nacional, las organizaciones sociales y la sociedad civil, somos responsables de mejorar su presente y su futuro”, señaló la Vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña.
Esta iniciativa obedece a que registros nacionales y externos demuestran la existencia de una cultura de violencia hacia niñas, niños y adolescentes, que afecta a la sociedad a nivel familiar, comunitario y educativo.