Prevención de violencias, sistemas de protección integral y acceso a la justicia son los ejes en torno a los cuales se desarrolló el Acuerdo 2030 por una vida libre de violencias en Loja. La cita que estuvo liderada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) convocó a 160 representantes de gobiernos locales, organizaciones sociales y de la sociedad civil.

La falta de educación, información y sensibilización, además del desconocimiento de derechos y de la ruta de atención a víctimas de violencia, sobretodo en el área rural, fueron parte de las problemáticas que surgieron luego de las mesas de trabajo en las que participaron los asistentes.

La garantía de derechos de los grupos prioritarios es fundamental, refirió Karina González, concejala del cantón Loja. “No más violencia debe constituirse en una política que la asumamos también los gobiernos locales”, aseguró. Habló también de la necesidad de crear ordenanzas locales orientadas generar ambientes libres de violencias.

Francesca Jara, representante de la comunidad LGBTI, destacó la importancia de involucrar a la ciudadanía y organizaciones sociales en las acciones encaminadas a erradicar las violencias. Señaló que la sensibilización es clave para concretar este propósito.

Asimismo, Arturo Bravo de la organización Jóvenes Ecuador, indicó que se debe trabajar en proyectos enfocados directamente a jóvenes. Precisó que el Acuerdo 2030 da paso a que autoridades y sociedad civil articulen acciones para garantizar el cumplimiento de derechos de este grupo poblacional.

Las autoridades presentes acordaron solicitar a los GAD que se destine el presupuesto –determinado en el Cootad- para ejecución de proyectos sociales; asimismo, promover nuevas campañas de sensibilización y reforzar las ya existentes, además de promover alianzas y estrategias con el fin de descentralizar la atención.

Rocío Granda, coordinadora del MIES en la Zona 7, dijo que “esta jornada permitió sostener acuerdos de corto, mediano y largo plazo para transformar prácticas sociales e institucionales que han naturalizado la violencia hacia los grupos prioritarios”.