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Economía popular y solidaria, motor de la justicia social

(Foto: En el Auditorio de CIESPAL participaron actores de la EPS como parte del Diálogo Nacional por la Justicia Social)

Este martes, en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL), se realizó una rueda de prensa sobre el proceso de los “Diálogos Nacionales por la Equidad y la Justicia Social”.

En el evento participaron Pabel Muñoz, titular de la Secretaría de Planificación y Desarrollo (SENPLADES); Cecilia Vaca Jones, ministra de Desarrollo Social; Betty Tola, ministra de Inclusión Económica y Social; y representantes de la Economía Popular y Solidaria (EPS).

Muñoz, en su rol de coordinador general de este proceso, reiteró la invitación a toda la ciudadanía a participar en la discusión de cómo construir una sociedad más equitativa y con mayor justicia social.

“La temática es amplia sobre el tema de la equidad y la justicia social, no estamos supeditados a discutir sobre las leyes sino, por el contrario, estas se supeditan a esa discusión”, afirmó el titular de SENPLADES, que recordó además que el proceso no tiene una fecha de culminación sino de evaluación, que será el próximo 15 de septiembre.

El Secretario Nacional sostuvo que todos los actores sociales están invitados a dialogar con el Gobierno Nacional. “La mesa está tendida, la silla está para ser ocupada y al final será la ciudadanía la que determine quién tuvo apertura para dialogar y quién no lo hizo”, apuntó.

Asimismo, puntualizó que este diálogo está pensado en tres grandes etapas. En el primero, la SENPLADES, los Ministerios y las Secretarías de Estado, a través de los Consejos Sectoriales Ciudadanos, escucharán y recibirán propuestas de diversas instancias como consejos ciudadanos, asociaciones, gremios, sindicatos, organizaciones sociales, universidades, entre otras.

En un segundo momento, SENPLADES y los Ministerios Coordinadores sistematizarán dichos planteamientos en propuestas de política pública, regulaciones y leyes.

Finalmente, en un tercer momento y con el Presidente Rafael correa a la cabeza, se expondrán los resultados obtenidos y se devolverá a la ciudadanía los acuerdos alcanzados.

Por su parte, la ministra Coordinadora de Desarrollo Social, Cecilia Vaca Jones, se refirió al trabajo interinstitucional que lleva a cabo el Gobierno de la Revolución Ciudadana, destacando que «desde el sector social siempre se han buscado espacios para retroalimentar el diálogo con actores de la Economía Popular y Solidaria, entre otros sectores».

Agregó que el objetivo de este trabajo es mejorar los servicios públicos que permitan transformar las condiciones de vida de la gente en todo el territorio. Como ya ha sucedido con más de un millón 500 mil ecuatorianos que han dejado atrás la pobreza, en estos últimos ocho años.

La justicia social fue el eje en el cual se desarrolló la intervención de la ministra de Inclusión Económica y Social, Betty Tola. En este sentido, resaltó la presencia, vitalidad y aporte del sector de la EPS en la construcción y fortalecimiento de la Justicia Social.

«Recordemos el principio fundamental sobre el que se asienta esta economía: la supremacía del ser humano por sobre el capital; el replanteo del acceso a los recursos para la producción; la asociatividad y organización; y sobre todo la solidaridad». Estos son algunos de los elementos que aporta la EPS a la justicia social”, enfatizó.

Cuando hablamos de los actores de la EPS, no estamos hablando de la microeconomía, sino de un importante sector que genera el 62% del empleo en el país, detalló Tola.

«Estamos hablando de siete mil empresas reconocidas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; y estamos hablando de seis mil millones de dólares anuales en volumen que generan las finanzas populares. Esa es la fuerza que esta hoy presente aquí, lo que cada uno de ustedes representa: un sector con capacidad, con potencia y fuerza para el país», añadió.

Para Luis Hinojosa, representante del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP), la justicia social es inherente al bien común y el bien común es un deber, una obligación, tal como consta en la Constitución y es una herramienta para disminuir la desigualdad social.

«La Economía Popular y Solidaria es una alternativa concreta, práctica y pacífica para cambiar las relaciones inequitativas e injustas dentro de la sociedad», destacó. Agregó que a la EPS la hacen personas, no los capitales, de ahí su presencia en la familia, en las comunidades y en lo popular.