Autoridades y sociedad civil se comprometieron a trabajar por la desnaturalización de las violencias y la discriminación

Ambato, 4 de junio de 2019.

En Ambato, el Acuerdo Nacional 2030 por una Vida Libre de Violencia que impulsa el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y la Secretaría de Derechos Humanos, convocó a más de 130 representantes de gobiernos locales, entidades del sistema de justicia, protección de derechos y representantes de colectivos sociales, quienes analizaron la problemática y aportaron con propuestas para la atención, prevención y erradicación de las violencias.

El objetivo de estos encuentros que se realizarán en 15 provincias del país, es lograr acuerdos de corto, mediano y largo plazo para transformar prácticas sociales e institucionales que han naturalizado la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultas mayores, personas LGBTI y en condición de movilidad humana.

“Las manos juntas nos permitirá potenciar los procesos de atención, la formación de escuelas de liderazgo, la creación de mecanismos para fomentar espacios libres de violencia. Las víctimas demandan acciones reales y concretas; no es posible hablar de desarrollo sostenible si todavía 6 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia”, sostuvo Rocío Rosero, Subsecretaria de Derechos Humanos.

Francisco Escobar, coordinador de la zona 3 del MIES, señaló que uno de los objetivos es la articulación interinstitucional para la respuesta coordinada, oportuna, eficaz, especializada e integral de los sistemas descentralizados de protección integral con centralidad en las víctimas de violencia y de vulneración de derechos. “Actores fundamentales de este proceso son los gobiernos locales, quienes deben aportar para el fortalecimiento de los Consejos Cantonales de Protección de Derechos”, expresó.

“De nuestra parte estamos dispuestos con todo el contingente institucional y profesional para sumarnos a esta iniciativa con mucho amor y compromiso”, dijo el alcalde de Latacunga Byron Cárdenas.

A través de 3 mesas de trabajo, los participantes dialogaron sobre: Prevención de las   Violencias, Acceso a la Justicia y Sistemas de Protección de Derechos; la creación de campañas de sensibilización, transversalidad del enfoque de género, especificidad para cada grupo etario, tratamiento prioritario de los casos de violencia; y una mejor articulación entre las instituciones, organizaciones y familia son parte de las propuestas del Acuerdo en Ambato.

En el Ecuador se registran 330 femicidios desde la vigencia del tipo penal (2014) hasta marzo del año 2019. El análisis de este crimen cuando se comprende como expresión del extremo manifiesto de la violencia machista, verifica que, en efecto, los agresores son en el 93% de los casos, personas que mantenían vínculos afectivos con sus víctimas.