Las capacitaciones se articulan en el marco del Acuerdo Nacional 2030 por una vida libre. impulsado por el Gobierno Nacional.

Contar con operadores sensibles y especializados para la atención, prevención y restitución de derechos de las niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultas mayores que son víctimas de violencia, es la meta que se han trazado el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), la Secretaría de Derechos Humanos y el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional (CNII). Precisamente, como parte de las acciones prioritarias para lograrlo, arrancaron las capacitaciones a 5 mil operadores del denominado “sistema especializado de protección de derechos humanos” en los 221 cantones del país con el apoyo de la academia.

Berenice Cordero, ministra del MIES, durante la apertura de las jornadas de fortalecimiento de capacidades en Quito, Instituto de Altos Estudios Nacionales, planteó la reflexión y exhortó al compromiso frente a la problemática de la violencia en el país, pues existe deudas del sistema de protección de justicia, el tema de la especialidad es crítico para el tratamiento de las violencias con las niñas, niños, adolescentes y mujeres, dijo. “Durante los últimos 12 años, el país tiene dificultades en la gestión de la política de prevención y atención de la violencia a la niñez y adolescencia, no ha sido capaz de trabajar la política de manera diferenciada; principalmente, no hay suficiente data de los indicadores de violencia, existe una tipificación exhaustiva de violencia pero hay poca referencia a la víctima, hay un desbalance fundamental, no se puede tipificar los delitos penales con ausencia de la víctima (…). Requerimos una política sostenida de prevención exclusiva y de atención de la violencia, financiada y legitimada, lo que impacta en la revictimización, la indefensión, la judicialización, etc.”, explicó.

Asimismo, enfatizó que existe la obligación y responsabilidad de dar respuestas a nivel local para reestructurar y articular la política territorial a la nacional, de ahí la importancia de formar capacidades nuevamente desde el Gobierno, la ciudadanía y los demás actores del sistema especializado de protección de los derechos. Además, indicó que la autoridad local es la llamada a dar respuestas en la complejidad del aparato de la salud pública, de los derechos humanos, retomar con fuerza una movilización del Plan Nacional Contra la Violencia, generar redes, promover organización social, discutir con las víctimas.

Por su parte, la secretaria (e) de Derechos Humanos, Rocío Rosero, resaltó la importancia del compromiso y articulación de los distintos actores del Estado, los gobiernos autónomos descentralizados y los colectivos sociales para integrar a los sistemas locales de prevención, atención y restitución de derechos medidas, normas, herramientas y procedimientos acordes a las necesidades de la población violentada. Este esfuerzo articulado lo impulsa el Gobierno Nacional en el marco del Acuerdo Nacional 2030 por una vida libre de violencia.

Desde el CNII se levantó un diagnóstico de la situación actual de los sistemas de protección a nivel cantonal, para tomar como punto de partida en la implementación de políticas específicas y lograr garantizar procesos de efectivos de atención a las víctimas de violencia.

Validado por: Dirección de Prevención de Protección Especial.